La inminente extensión del convenio para establecer topes máximos en la gasolina regular y el diésel genera honda preocupación dentro del sector minorista de hidrocarburos. Las Estaciones de Servicio enfrentan semanas determinantes ante la caducidad del compromiso firmado por distribuidores y autoridades gubernamentales. 

Los datos más recientes compartidos por Petrointelligence a Surtídores reflejan un acatamiento del 87.1% en la gasolina magna y del 85.5% en el destilado pesado. Sin embargo, detrás de esas cifras se esconden diferencias abismales entre distintas regiones geográficas, donde la infraestructura logística impone costos desproporcionados sobre cada litro expendido.

Para las empresas expendedoras, ajustarse a un techo tarifario de 24 pesos por litro en la gasolina regular y de 27 pesos en el diésel implica operar al borde de las pérdidas. La estructura de costos que soporta una boca de expendio abarca factores sumamente complejos. 

Entre ellos destacan los cargos por transporte desde las terminales de almacenamiento, la distribución mediante camiones cisterna, las variaciones en el estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, además del margen que aplica cada suministrador mayorista. Fijar un precio final uniforme a nivel nacional desconoce por completo la realidad operativa de los negocios ubicados lejos de las costas o de las plantas distribuidoras.

El seguimiento semanal evidencia una aparente inmovilidad en los promedios del país. El valor medio de la gasolina regular se incrementó apenas 0,001 pesos por litro respecto al periodo previo, mientras el diésel mostró un descenso de 0.002 pesos. No obstante, al analizar las fluctuaciones por estados, salen a la luz distorsiones alarmantes. En Baja California Sur, el costo de la gasolina de bajo octanaje subió 0.035 pesos y el diésel subió 0.023 pesos por litro en un solo intervalo semanal. 

Por el contrario, en Oaxaca ocurrieron caídas de 0.022 pesos y 0.071 pesos respectivamente. Dichas variaciones demuestran que los insumos de flete y almacenamiento alteran dramáticamente la viabilidad económica de cada establecimiento.

Paralelamente, la fiscalización gubernamental adoptó un matiz de vigilancia constante. La Procuraduría Federal del Consumidor expone periódicamente los nombres de las marcas y los puntos de venta que superan los umbrales sugeridos. Esta metodología de señalamiento público pretende incentivar el cumplimiento mediante la presión reputacional.

Para los propietarios de las estaciones, esta práctica resulta injusta, pues omite los gastos fijos que sostienen la operación diaria, como los sueldos del personal de pista, los servicios públicos, el mantenimiento de los dispensadores y las certificaciones de seguridad requeridas por los organismos reguladores.

El origen de este mecanismo de contención se remonta a estrategias aplicadas durante los últimos doce meses con la gasolina magna, buscando amortiguar los efectos inflacionarios en la economía popular. Posteriormente, durante la primavera, el diésel fue integrado al esquema preventivo a raíz de las bruscas alzas en las cotizaciones internacionales del petróleo crudo. Inicialmente se pactó una referencia de 28 pesos por litro para el combustible diésel, tope que meses después descendió hasta los 27 pesos vigentes. Esta reducción gradual apretó todavía más los retornos financieros de las instalaciones encargadas del abastecimiento al transporte pesado y comercial.

Colima encabeza la lista de entidades con mayor adhesión al programa en el rubro del diésel, alcanzando un notable 99% de locales alineados con la tarifa recomendada. Por su parte, Oaxaca registró el salto positivo más fuerte, ganando 7,35 puntos porcentuales de acatamiento en siete días. Pese a estos números favorables a ojos de la administración pública, la porción de estaciones que comercializa por encima de la meta fijada no lo hace por afán de lucro desmedido, sino por la imposibilidad de absorber las tarifas impuestas por los fletes terrestres y el precio en la terminal mayorista.

Las reuniones directivas entre cámaras empresariales y funcionarios gubernamentales previas a la ratificación del acuerdo deben abordar de manera prioritaria la cadena de suministro en su conjunto. Exigir un sacrificio financiero exclusivo al último eslabón del mercado minorista arriesga la estabilidad de docenas de pequeñas y medianas empresas gasolineras. Si los distribuidores al mayoreo y las terminales de almacenamiento no otorgan condiciones de compra competitivas, la firma de una nueva prórroga comprometerá seriamente el suministro continuo de carburantes en diversas zonas del territorio nacional.