La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá dejó un mensaje que trasciende el comercio exterior y comienza a repercutir directamente en el sector energético.

Aunque el acuerdo permanece vigente, la decisión de Washington de no renovarlo en su forma actual abrió un periodo de incertidumbre que, para diversos especialistas, tendrá uno de sus mayores impactos en la industria de los combustibles.

Entre ellos se encuentra el consultor energético Ramses Pech, quien expresó a Surtidores Latam que la determinación de Estados Unidos no representa una ruptura del tratado, sino una estrategia política orientada a conservar margen de negociación durante un año electoral y mantener capacidad de presión sobre México en asuntos considerados prioritarios.

Desde su perspectiva, la revisión anual prevista a partir de ahora modifica el alcance del mecanismo de seguimiento del acuerdo, ya que permite evaluar de manera periódica el comportamiento de los socios comerciales y, eventualmente, condicionar futuras decisiones en función de temas que Washington considera pendientes.

Para Pech, el sector energético reúne prácticamente todos los elementos que podrían colocarlo en el centro de las próximas negociaciones.

Las diferencias regulatorias acumuladas durante los últimos años entre México y sus socios comerciales, particularmente en torno a la participación de empresas privadas, los permisos para combustibles, el almacenamiento, la generación eléctrica y el papel de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, podrían adquirir una nueva dimensión dentro del proceso de revisión.

A juicio del especialista, lo que anteriormente eran controversias técnicas ahora podrían convertirse en parámetros para evaluar el cumplimiento del tratado.

"El T-MEC no fue renovado en su forma actual, pero continúa vigente mientras se resuelven las diferencias o hasta su eventual terminación. Esto confirma que México no enfrenta una ruptura inmediata del acuerdo, sino una etapa de mayor presión política, comercial y regulatoria", explicó Pech.

En ese sentido, consideró que las observaciones realizadas durante los últimos años por Estados Unidos y Canadá sobre la política energética mexicana podrían ganar peso en futuras negociaciones.

Uno de los aspectos que más preocupa al especialista es que las decisiones relacionadas con el mercado de combustibles dejen de analizarse únicamente desde una perspectiva regulatoria para convertirse en variables de negociación comercial.

Permisos de importación, autorizaciones para infraestructura de almacenamiento, operación de terminales, reglas aplicables a empresas privadas e incluso modificaciones regulatorias podrían ser utilizados por Washington para evaluar la evolución del acuerdo.

Pech relató que la energía podría convertirse en una moneda de cambio para obtener concesiones en otros sectores estratégicos, como la industria automotriz o el ámbito agroalimentario. 

Desde esa óptica, la política energética mexicana pasaría a tener un impacto que trasciende el funcionamiento interno del mercado y comenzaría a influir directamente sobre la estabilidad comercial entre ambos países.

El análisis también pone el foco en la elevada dependencia de México respecto del gas natural proveniente de Estados Unidos. 

Para Pech, este factor incrementa la vulnerabilidad del país frente a un escenario donde la incertidumbre comercial permanezca durante varios años. 

"La dependencia mexicana del gas natural estadounidense, que supera el 70 por ciento, se vuelve un factor crítico", advirtió.

En su opinión, un entorno caracterizado por revisiones anuales del tratado podría afectar las decisiones de inversión en ductos, terminales de almacenamiento, proyectos eléctricos y nuevas instalaciones vinculadas al suministro de combustibles, debido a la menor previsibilidad regulatoria.

El especialista interpretó que el comunicado emitido por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos debe leerse principalmente desde una perspectiva política.

Asimismo, sostuvo que Washington busca mantener vigente el tratado mientras conserva la posibilidad de endurecer su posición una vez concluido el calendario electoral estadounidense.

En consecuencia, estimó que la continuidad del T-MEC dependerá cada vez más de la evolución de temas considerados estratégicos por ambos gobiernos, entre ellos la política energética mexicana. 

El principal desafío consiste en ofrecer mayor certidumbre regulatoria al mercado, reducir los puntos de conflicto con sus socios comerciales y fortalecer la infraestructura energética nacional para disminuir la exposición frente a eventuales cambios en la relación bilateral.