El robo de combustible volvió a ganar terreno como un problema financiero para Petróleos Mexicanos (Pemex). Entre el primer y el segundo trimestre del año, las pérdidas de la empresa estatal por la sustracción ilegal de combustibles aumentaron 140.8%, al pasar de 3,812 millones a 9,180 millones de pesos, de acuerdo con su reporte financiero.

El monto registrado al cierre de junio también superó el observado un año antes. En el segundo trimestre de 2025, las pérdidas asociadas al robo de combustibles ascendieron a 7,650 millones de pesos, por lo que el dato más reciente representa un incremento de 20%.

El problema representa un doble golpe para Pemex, ya que además del valor de los productos que son sustraídos, la empresa enfrenta una menor disponibilidad de combustibles y la competencia de un mercado paralelo que opera fuera de los canales legales de comercialización.

Para Marcial Díaz Ibarra, socio de la consultora QUA Energy, la magnitud de las pérdidas permite dimensionar el impacto que tiene el huachicol sobre las finanzas de la petrolera. El especialista estima que el daño equivale a alrededor de 100 millones de pesos diarios.

“Es una cifra que asusta a cualquiera. Y no solo es lo de Pemex, existe otra pérdida que no se está viendo que es la recaudación del IVA y el IEPS, porque al final todo lo que es sustraído de manera ilegal no causa impuesto, y como gobierno se deja de percibir”, apuntó.

Más tomas clandestinas en los ductos

El deterioro en las pérdidas ocurre mientras los registros de tomas clandestinas muestran un repunte del robo tradicional de combustibles, basado en la perforación de ductos de Pemex.

Datos del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM) muestran que durante los primeros tres meses del año se detectaron 2,563 tomas clandestinas en ductos, un incremento de 8.6% frente a las 2,358 registradas en el último trimestre de 2025.

Esto significa que, en promedio, se localizó una nueva toma ilegal cada 51 minutos y 27 segundos.

El llamado huachicol convencional consiste en perforar los ductos utilizados para transportar combustibles y extraer ilegalmente el producto para después incorporarlo a un mercado paralelo. La distribución no se limita a puntos de venta clandestinos en carreteras, sino que también puede llegar a empresas con grandes flotas vehiculares y convertirse en una fuente adicional de financiamiento para organizaciones criminales.

Los principales focos de este delito se concentran en Hidalgo, Jalisco, Estado de México y Nuevo León.

El repunte ocurre además en un contexto en el que las autoridades han reforzado las medidas contra el llamado huachicol fiscal, una modalidad que consiste en introducir y comercializar combustibles mediante esquemas de contrabando y evasión fiscal.

La mayor vigilancia sobre las operaciones de importación y las aduanas ha modificado el mapa del mercado ilegal. Expansión ha documentado que el endurecimiento de los controles para combatir el huachicol fiscal ha coincidido con un nuevo repunte del robo tradicional mediante perforaciones a ductos.

Un mercado difícil de vigilar

Díaz Ibarra cuestionó que la estrategia oficial para combatir el mercado ilegal de combustibles pueda considerarse efectiva cuando los indicadores de robo siguen mostrando niveles elevados.

“Todo el combustible de contrabando no se vende en lugares de contrabando, se vende en lugares públicos como las estaciones de servicio, porque para los volúmenes que se manejan no hablamos de bidones, estamos hablando de cientos de pipas que lo movilizan”, puntualizó.

La dimensión logística del mercado legal de combustibles ayuda a explicar la dificultad para detectar cada operación irregular. De acuerdo con el especialista, en México se comercializan alrededor de 216 millones de litros de gasolina y diésel al día.

Si todo ese volumen se transportara en autotanques con una capacidad de 30,000 litros, serían necesarios alrededor de 7,200 traslados diarios. Bajo el supuesto de que cada pipa pudiera realizar dos viajes al día, se requerirían unas 3,600 unidades para movilizar el volumen.

La vigilancia tendría que cubrir cada uno de esos movimientos, además de otros eslabones de la cadena de suministro, desde el almacenamiento hasta la comercialización.

“Mover diariamente 216 millones de litros de gasolina y diésel constituye una de las operaciones logísticas más grandes del país. Actividad que se vuelve imposible vigilar de manera exhaustiva día tras día, y eso que solo se trata de un eslabón de la cadena de valor de los combustibles”, aseguró.