La continuidad del Registro Nacional de Gasolineras y Estaciones de Servicio abrió un nuevo frente de preocupación para los permisionarios en México. Desde el 12 de agosto comenzaron a detectarse correos electrónicos de empresas que ofrecen servicios de gestoría y, en algunos casos, comunicaciones que aparentan provenir de organismos oficiales, una situación que vuelve a poner bajo discusión el manejo de los datos que los regulados entregan a las autoridades.

El señalamiento fue realizado por Luis Omar Guzmán Juárez, quien advirtió a Surtidores que la coincidencia entre los correos utilizados para acceder a plataformas oficiales y los mensajes comerciales recibidos plantea interrogantes sobre el origen de esas bases de datos.

Según explicó, la situación resulta particularmente sensible porque plataformas como el portal del RENAGAS y la OPE utilizan como usuario el correo electrónico registrado por cada permisionario. “¿De qué forma obtuvieron la dirección del correo electrónico?”, planteó Guzmán Juárez, al considerar que, en algunos casos, esas cuentas fueron creadas exclusivamente para operar ante la autoridad.

La preocupación no se limita a la recepción de publicidad. El especialista cuestionó si los datos y documentos entregados durante los procedimientos regulatorios pueden haber quedado en poder de personas o empresas ajenas a los trámites.

“Es muy preocupante que la respuesta sea un sí”, sostuvo Guzmán Juárez, quien consideró que la aparición de estos mensajes podría ser un indicio de que información que debería encontrarse bajo resguardo oficial está siendo utilizada por terceros.

El planteo adquiere mayor relevancia porque los expedientes de los permisionarios pueden contener documentación vinculada con instalaciones, operaciones y cumplimiento regulatorio. Para el autor, la eventual extracción de correos y documentos no constituye solamente un problema comercial, sino que podría entrar en conflicto con los principios de protección de datos personales establecidos por la legislación mexicana.

Guzmán Juárez relató que el fenómeno no es completamente nuevo dentro del sector energético. Según expone, en distintos sitios de internet ya se ofrecen listados con información de estaciones de servicio, utilizados posteriormente por empresas para realizar campañas de prospección comercial.

También menciona antecedentes similares vinculados con los correos utilizados para acceder a plataformas de la ASEA. El problema, remarca, no radica exclusivamente en que una compañía quiera ofrecer productos o servicios, sino en cómo obtuvo la información que utiliza para contactar a los permisionarios.

“Lo turbio es que obtienen información que debe estar protegida por entidades gubernamentales”, señaló.

El riesgo aumenta cuando esos mecanismos de contacto se combinan con intentos de suplantación. El documento advierte sobre el envío de oficios apócrifos que aparentan proceder de la autoridad y que pueden utilizarse para generar confianza, obtener información adicional o incluso avanzar hacia esquemas de extorsión.

Para Guzmán Juárez, la existencia de un mercado de bases de datos también expone una contradicción dentro de las políticas de cumplimiento empresarial. Algunas compañías pueden rechazar públicamente las prácticas desleales mientras recurren a bases de datos adquiridas por vías cuestionables para desarrollar sus estrategias comerciales.

El especialista define esta conducta como “Etic Washing”, al advertir que el problema no se encuentra únicamente dentro del sector público, sino también en las empresas privadas que compran información que debería permanecer bajo custodia de las autoridades.

La situación cobra todavía más importancia ante el proceso de regularización que impulsa el Gobierno mexicano. Guzmán Juárez advierte que, si los mecanismos de protección no ofrecen garantías suficientes, la cantidad de información concentrada por las autoridades podría convertir una filtración en un problema de dimensiones mucho mayores.

Frente a este escenario, la recomendación planteada es extremar las precauciones antes de responder correos o entregar información. Una de las primeras medidas consiste en revisar cuidadosamente el dominio desde el cual llega cada comunicación, especialmente cuando intenta aparentar ser un mensaje de organismos como ASEA, CNE o SAT.

El experto también llamó a evitar la contratación de servicios o adquisición de insumos de compañías que recurran a estas prácticas para captar clientes, al considerar que la forma utilizada para obtener los datos también debería ser un indicador sobre sus políticas de cumplimiento.

El reclamo, sin embargo, apunta directamente hacia las autoridades. “En este momento la autoridad nos queda a deber una explicación” sobre cómo se produjo la situación y qué ocurrió con el resguardo de la información, mencionó.

La advertencia llega en un momento especialmente sensible para los permisionarios, que enfrentan una creciente carga de obligaciones y trámites regulatorios. Para Guzmán Juárez, el caso debería servir también para revisar hasta dónde puede llegar la recopilación de información sin establecer mecanismos sólidos que garanticen su protección.