Para los automovilistas el objetivo es mantener la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro; para el autotransporte de carga, la cifra verdaderamente relevante es otra: el diésel deberá mantenerse por debajo de los 27 pesos por litro. 

No se trata de un detalle menor. Para una empresa transportista, el combustible representa uno de los componentes más importantes de su estructura de costos y cualquier movimiento de uno o dos pesos por litro termina multiplicándose por cientos de unidades, miles de kilómetros y millones de litros consumidos al año. 

Pero hay una precisión importante: el llamado pacto no significa que el gobierno haya decretado un precio máximo obligatorio de 27 pesos. 

Es un acuerdo voluntario 

La Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina Regular y el Diésel funciona mediante acuerdos entre el Gobierno Federal, estaciones de servicio y diferentes marcas gasolineras. 

Las empresas participantes se comprometen voluntariamente a comercializar el diésel por debajo del nivel acordado. 

Y aunque el mecanismo no cubre todavía a todas las estaciones del país, su penetración ha aumentado considerablemente. 

Al 24 de julio, el Gobierno reportaba 8,603 estaciones adheridas, equivalentes aproximadamente al 84% del sector. Para el 24 de agosto, Profeco informó que ya había 8,886 estaciones vendiendo diésel por debajo de los 27 pesos por litro. 

Es decir, el acuerdo comienza a tener una cobertura suficientemente amplia como para influir efectivamente sobre el mercado. 

El Gobierno pone parte del dinero sobre la mesa 

Mantener artificialmente contenido el precio en un escenario internacional volátil no depende solamente de convencer a los gasolineros de reducir sus márgenes. 

El Gobierno Federal ha utilizado también estímulos fiscales al IEPS como amortiguador. 

Durante la semana del 8 al 14 de agosto, por ejemplo, el estímulo aplicado al diésel alcanzó 64.96%, equivalente a 4.7833 pesos por litro, dejando la cuota efectiva del IEPS en 2.5801 pesos por litro. 

Este mecanismo permite absorber una parte de las variaciones internacionales del petróleo y de los combustibles refinados antes de que lleguen directamente a la bomba. 

En otras palabras: cuando el petróleo se pone nervioso, Hacienda utiliza parte del IEPS como colchón. 

También fueron por las comisiones 

Otro elemento poco comentado del acuerdo resulta particularmente interesante para las grandes flotas. 

Desde el 1 de mayo y hasta el 31 de octubre de 2026 está vigente otro convenio entre el Gobierno, la Asociación de Bancos de México y la Asociación de Sociedades de Vales para disminuir las comisiones relacionadas con la compra de combustibles. 

El acuerdo redujo las comisiones aplicables a operaciones con tarjetas de débito, crédito y vales de combustible, buscando reducir parte de los costos financieros asociados a las ventas en estaciones de servicio. 

Para una pequeña flotilla probablemente sea un cambio discreto. Para empresas que compran millones de pesos mensuales en combustible mediante tarjetas empresariales o sistemas de control de combustible, la historia es diferente. 

La frontera mantiene ventaja 

El esquema contempla además condiciones especiales para las regiones fronterizas, donde se mantiene una tasa de IVA del 8%. 

El propio Gobierno ha señalado que esta condición permite encontrar diésel por debajo del precio registrado en el resto del país. En julio, el precio de referencia señalado para las zonas fronterizas era inferior a 25.39 pesos por litro. 

Para los transportistas que operan corredores como Tijuana-Mexicali, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa o Matamoros, la diferencia puede modificar incluso las estrategias de abastecimiento de combustible. 

Todavía hay gasolineras arriba de los $27 

El pacto tampoco significa que un operador encontrará automáticamente diésel barato en cualquier estación. 

A finales de julio todavía existían estaciones vendiendo considerablemente por encima del precio establecido en el acuerdo. De hecho, el Gobierno comenzó a publicar mapas e identificar públicamente establecimientos que permanecían fuera de la estrategia. 

Profeco ha llevado esa presión incluso a la conferencia presidencial. 

El 3 de agosto reportó un precio promedio nacional de 27.03 pesos por litro, con 85.2% de cumplimiento, mientras identificaba estaciones que vendían el combustible hasta en 29.99 pesos. 

Ahí aparece una oportunidad evidente para las flotas: dejar de administrar el combustible únicamente como gasto y comenzar a manejarlo como información. 

Precio por estación, rendimiento por unidad, ubicación de carga, descuentos, telemetría, rutas y contratos corporativos pueden producir diferencias importantes en el costo por kilómetro. 

El verdadero beneficio para el transporte 

El pacto ofrece algo que el transportista lleva años buscando: previsibilidad. 

No necesariamente combustible barato, porque 27 pesos por litro sigue siendo un costo considerable, sino cierta protección frente a aumentos abruptos. 

Una empresa puede negociar una tarifa de transporte cuando conoce razonablemente cuánto costará uno de sus principales insumos. Lo peligroso ocurre cuando firma contratos a tres o seis meses y el combustible cambia drásticamente mientras la tarifa permanece congelada. 

El nuevo acuerdo reduce parcialmente ese riesgo. 

También puede contener presiones inflacionarias. Prácticamente todo lo que consume México viaja en algún momento sobre un camión, por lo que cualquier incremento importante del diésel termina recorriendo la cadena logística hasta aparecer en alimentos, materiales, mercancías y productos terminados. 

Pero el pacto tiene fecha de caducidad 

Gobierno y empresarios acordaron mantener mesas de trabajo sobre simplificación regulatoria, costos operativos, seguridad, combate al mercado ilícito de combustibles y fortalecimiento de las cadenas de suministro. 

Ese punto será determinante. 

Porque mantener el diésel debajo de 27 pesos es relativamente sencillo cuando los precios internacionales ayudan. El verdadero examen llegará si vuelve a dispararse el petróleo, aumentan los precios de importación o el peso mexicano pierde terreno frente al dólar. 

Entonces habrá que decidir quién absorbe la diferencia: Hacienda mediante estímulos fiscales, Pemex, los distribuidores, las estaciones o finalmente el consumidor. 

Para las empresas de transporte, por ahora, el mensaje es sencillo: hay seis meses adicionales de relativa estabilidad para uno de sus costos más importantes. 

Y en un negocio donde unos cuantos centavos por kilómetro pueden separar una ruta rentable de una que pierde dinero, esa certidumbre vale bastante más de lo que parece.