Suma la Fiscalía 9 mil 459 carpetas de investigación por contrabando de combustible
Suman 859 detenidos por ese delito: Informe presidencial.
De septiembre de 2025 a junio pasado se aseguraron más de 10.3 millones de litros de hidrocarburos, reporta la FGR.
Durante el segundo año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en materia de combate al robo y contrabando de hidrocarburos la Fiscalía General de la República (FGR) reportó el inicio de 9 mil 459 carpetas de investigación; la detención de 859 personas, de ellas 307 ya fueron vinculadas a proceso; se realizaron 137 cateos y se aseguraron más de 10.3 millones de litros de combustibles.
Asimismo, el trabajo coordinado entre las autoridades de los tres niveles de gobierno en las mesas de paz permitieron que integrantes de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina-Armada de México (Semar), la Guardia Nacional y de seguridad de Petróleos Mexicanos, detectaran 963 tomas clandestinas en seis entidades federativas.
El segundo Informe de gobierno señala que mediante esta estrategia que involucra a autoridades federales y locales se aseguraron otros 20 millones 381 mil 993 litros de hidrocarburo, un millón 558 mil 192 litros de gasolina, un millón 175 mil 100 litros de combustible, 77 mil 889 litros de diésel y 653 mil 146 kilogramos de gas LP.
Además, en Guanajuato se aseguraron 50 centros de acopio y 63 unidades, mientras en Querétaro fueron decomisados 68 vehículos y nueve inmuebles. Todo ello, en el periodo del primero de septiembre de 2025 al 30 de junio de este año.
Otro dato relevante es que las labores de fortalecimiento de la seguridad y los programas de prevención que se aplican en los centros federales de readaptación social, generaron, entre otros indicativos, “37 alertas tempranas para prevenir actividades ilícitas y conformación de redes criminales”; con estas medidas “disminuyó 31.7 por ciento el promedio mensual de eventos” que representaban un riesgo.
Las autoridades también informaron que realizaron 347 operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento en los estados de Coahuila, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Puebla, entidades donde diversos grupos delictivos han perpetrado actos de violencia y cometen delitos graves.


