El cambio en la forma de pagar el combustible ya dejó de ser una cuestión exclusivamente tecnológica en México.  

El presidente de Onexpo Nacional, Enrique Felix Robelo, junto con el vicepresidente Gabriel Bravo Vera y el consejero Marco Bellacina, mantuvieron una reunión de trabajo con los diputados Alejandro Avilés Álvarez, Mario A. López Hernández y Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

El encuentro se produjo mientras avanza en el Congreso mexicano la discusión de una iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que contempla que la Secretaría de Hacienda pueda establecer obligaciones para determinados sectores estratégicos y actividades relevantes. 

Para una estación, sustituir efectivo por medios electrónicos no significa simplemente instalar más terminales de pago. 

Cada operación puede involucrar comisiones, costos financieros, conectividad, sistemas de procesamiento y eventuales problemas de comunicación.

En un negocio donde el volumen de operaciones es elevado y los márgenes sobre el combustible son acotados, estos componentes pueden adquirir un peso significativo. 

Ese es uno de los puntos que Onexpo viene colocando en la discusión, la digitalización no debería traducirse en una transferencia automática de nuevos costos hacia el empresario gasolinero. 

Durante 2026, el sector bancario y el Gobierno mexicano acordaron reducciones temporales de determinados cargos vinculados con las operaciones mediante tarjetas en estaciones.

La medida buscó favorecer el uso de medios electrónicos, pero también dejó planteada una cuestión para el futuro: qué ocurrirá cuando esos mecanismos temporales finalicen. 

Si el pago digital pasa de ser una alternativa elegida por el consumidor a constituir una obligación para determinadas actividades, la estructura de costos adquiere otra dimensión. 

México cuenta con estaciones ubicadas en grandes ciudades, pero también con establecimientos sobre rutas y en localidades donde la infraestructura de telecomunicaciones no ofrece las mismas condiciones. 

Para una gasolinera urbana, una caída de conexión puede representar una interrupción momentánea.

Para un establecimiento ubicado en una carretera, puede significar que un conductor no pueda pagar el combustible aunque la estación tenga producto disponible. 

Onexpo advirtió precisamente sobre las diferencias de cobertura existentes en el territorio mexicano y reclama que las futuras reglas contemplen estas situaciones. 

La propia iniciativa de economía digital prevé excepciones para contingencias que impidan procesar pagos electrónicos.  

El punto que todavía requiere mayor precisión es cómo se determinará esa situación y qué procedimiento deberá seguir una estación cuando el inconveniente no dependa de ella. 

La transición también tiene una dimensión vinculada con el consumidor.  

Aunque el uso de tarjetas y otros medios electrónicos viene creciendo, todavía existe una parte de la población que no utiliza servicios financieros de manera habitual.  

Para esos clientes, eliminar el efectivo sin desarrollar mecanismos alternativos puede convertirse en una barrera para acceder al combustible. 

Por eso, el planteo de Onexpo incorpora también la inclusión financiera. La organización ha señalado la necesidad de considerar instrumentos que permitan realizar pagos digitales a quienes no cuentan con una cuenta bancaria tradicional. 

La reunión en la Cámara de Diputados muestra que el debate ya ingresó en una etapa en la que las condiciones de implementación adquieren tanta importancia como el objetivo de digitalizar los pagos.