Mientras los consumidores mexicanos enfrentaron incrementos moderados en los combustibles durante los últimos meses, detrás de esa aparente estabilidad se desarrolla una dinámica que impacta directamente sobre las finanzas públicas y la operación de las gasolineras.

De acuerdo con el especialista en energía y economía Ramsés Pech, correspondiente al período comprendido entre el 28 de febrero y el 30 de mayo de 2026, el Gobierno mexicano volvió a utilizar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios como herramienta para amortiguar el efecto de las subas internacionales del petróleo y los combustibles refinados.

El mismo expresó a Surtidores Latam que la gasolina Regular apenas aumentó 0.6 por ciento durante el período analizado, al pasar de 23.54 a 23.68 pesos por litro. Sin embargo, para sostener ese comportamiento fue necesario reducir el componente fiscal en 28,4 por ciento, mientras los costos asociados a terminales de distribución crecieron 20 por ciento.

La situación fue diferente en la gasolina Premium, cuyo valor al público se incrementó 10,8 por ciento. En este caso, la disminución del IEPS resultó insuficiente para absorber la totalidad de las presiones externas, por lo que parte del aumento terminó trasladándose al consumidor final.

En tanto, el diésel registró una suba de 3.4 por ciento, aunque recibió el mayor respaldo fiscal de los tres combustibles. Según Pech, el IEPS aplicado a este producto cayó 46.2 por ciento durante el período, lo que permitió moderar el impacto de los mayores costos internacionales.

Pero la otra cara de esa política aparece en los balances de las estaciones de servicio.

Pech sostuvo que la ganancia bruta de los expendedores disminuyó en todos los combustibles analizados. En la gasolina Regular el margen retrocedió 11.2 por ciento, en Premium cayó 15.2 por ciento y en diésel se redujo 31.4 por ciento, alcanzando los niveles más bajos observados durante los últimos meses.

Para Pech, este comportamiento evidencia que una parte importante de la estrategia de contención de precios está siendo absorbida por los operadores del sector. “El consumidor permanece relativamente protegido, pero el costo se distribuye entre el Estado, que recauda menos, y las estaciones, que operan con márgenes cada vez más ajustados”, sostiene el análisis.

A la vez, los costos en terminales de distribución continúan reflejando el efecto de la volatilidad internacional. Entre febrero y mayo, este componente aumentó 20 por ciento en gasolina Regular, 29.8 por ciento en Premium y 40 por ciento en diésel, impulsado por el encarecimiento de los productos petrolíferos en los mercados internacionales.

El documento señaló que, pese a cierta moderación observada hacia finales de mayo, el espacio de maniobra fiscal comienza a estrecharse. En el caso del diésel, por ejemplo, el Gobierno dejó de percibir alrededor de 3.40 pesos por litro respecto de los niveles registrados a fines de febrero.

Pech advirtió que la sostenibilidad del esquema dependerá de la evolución del mercado petrolero durante los próximos meses. Si los precios internacionales continúan elevados o se profundizan las disrupciones en el suministro global, el margen para seguir utilizando el IEPS como amortiguador podría reducirse significativamente.

A raíz de esto, las autoridades enfrentarían el desafío de elegir entre permitir nuevos aumentos al consumidor, asumir un costo fiscal mayor o ejercer una presión adicional sobre los márgenes de comercialización.

Para el especialista, el diésel aparece como el combustible más sensible debido a su relevancia para el transporte y la logística. Cualquier incremento significativo en su precio podría trasladarse rápidamente a otros sectores de la economía y generar nuevas presiones inflacionarias.