La explosión de cuatro cisternas cargadas con gas LP en el municipio de Tepeaca, estado de Puebla, encendió nuevamente las alarmas sobre los peligros que representan las instalaciones ilegales destinadas al resguardo y distribución de combustibles en México.

El siniestro ocurrió en la colonia San Juan Negrete, dentro de una zona identificada por las autoridades como parte del denominado Triángulo Rojo, área que durante años ha concentrado numerosas actividades vinculadas a la extracción y comercialización ilícita de productos energéticos.

Las detonaciones generaron una enorme columna de fuego y humo visible desde distintos puntos del municipio. De acuerdo con reportes oficiales, las llamas superaron los 15 metros de altura y obligaron a desplegar un amplio operativo para proteger a la población cercana.

Ante la posibilidad de nuevas deflagraciones, las autoridades ordenaron la evacuación preventiva de aproximadamente 2.000 personas, incluyendo estudiantes, docentes, personal sanitario y residentes de sectores aledaños. Entre los establecimientos desalojados figuraron el Hospital General de Tepeaca, el Centro Escolar General Miguel Negrete Novoa y la Preparatoria 2 de Octubre.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, confirmó que al menos tres personas sufrieron lesiones y fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales de la región. Tras la emergencia, se conformó un Comando Unificado integrado por personal de Protección Civil estatal y municipal, bomberos, Guardia Nacional y efectivos de seguridad pública. Los equipos trabajaron en tareas de enfriamiento de las unidades afectadas, verificación de estructuras próximas y resguardo del área para evitar nuevos incidentes.

Aunque las investigaciones continúan, diversos reportes señalan que el predio donde ocurrió el hecho operaría como un punto clandestino para el almacenamiento de gas LP. Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente si el producto involucrado provenía de actividades ilícitas o de una operación formal.

Más allá de las causas específicas, el episodio vuelve a poner en discusión una problemática que México intenta combatir desde hace años. Las redes dedicadas al robo de combustibles no solo generan pérdidas millonarias para la industria energética, sino que además incrementan los riesgos para comunidades enteras cuando los productos son manipulados, transportados o almacenados fuera de los estándares de seguridad exigidos por la normativa.

El caso adquiere especial relevancia por producirse en una región que históricamente ha sido señalada como uno de los principales corredores del huachicol. Durante los últimos meses, las autoridades federales reforzaron los operativos contra estas organizaciones y recientemente concretaron importantes decomisos de carburantes de procedencia irregular en distintos estados del país.